Aragón se ha consolidado como referente nacional en energías limpias mediante una ofensiva de hidrógeno verde que atrae inversiones millonarias y alianzas industriales. Un ejemplo es el plan H2 Valles, que impulsa dos proyectos estratégicos. Han recibido recientemente 322 millones de euros: uno compartido con Cataluña y otro ubicado en Andorra, Teruel. Este municipio aragones forma parte de la estrategia de reto demográfico de la comunidad. En el contexto nacional, estos proyectos forman parte de un paquete de siete iniciativas que suman 1.223 millones de euros provenientes de la Adenda RePowerEU del Plan de Recuperación.

La capacidad instalada prevista alcanza 2.292,8 MW de electrólisis, una tecnología que separa el hidrógeno del agua mediante electricidad renovable. Esta potencia permitirá generar más de 269.000 toneladas de hidrógeno verde al año. Sin embargo, la producción de hidrógeno exige una gran cantidad de electricidad y agua, unos 9 litros por kilogramo según la tecnología empleada. Los ingenieros son conscientes del tamaño de estos proyectos y la presión que ejercen sobre los recursos autonómicos. POr eso, van a valorar el impacto energético e hídrico antes de consolidar las ubicaciones y la escala de producción. En territorios con limitaciones de agua, como Aragón, estas consideraciones se vuelven esenciales para la sostenibilidad ambiental compatible con la industria.

Los contratos de venta mínima para la industria exigen el 60 % de la producción y la integración de energías renovables asociadas constituye un requisito básico. Varias plantas planean la síntesis de combustibles como eSAF para aviación, e‑metanol o amoníaco verde. La tecnología alcalina sigue siendo la más común para los electrolizadores, aunque no se descartan alternativas en el futuro cercano.

En Andorra, Teruel, se levantará el Proyecto Catalina, un macrocomplejo que conectará sus electrolizadores con una planta de amoníaco en Sagunto mediante un gasoducto. El consorcio está integrado por Copenhagen Infrastructure Partners, Enagás Renovable y Fertiberia, con una inversión cercana a los 2.350 millones de euros y la puesta en marcha prevista para diciembre de 2027. El plan de suministro de agua para la planta prevé 614 m³/h, lo que representa más de 5 millones de metros cúbicos anuales. En términos autonómicos, esto supone alrededor del 20,7 % del agua destinada a sectores productivos en Aragón y casi el 4 % del consumo total de la comunidad. La fase 2 del proyecto podría aumentar esta proporción hasta el 42 %, según alerta la Fundación Renovables.

La incertidumbre sobre la tecnología final del electrolizador implica que el consumo eléctrico y la huella ambiental del proyecto aún no se pueden calcular con precisión. La norma exige que la electricidad utilizada provenga de fuentes renovables, lo que obliga a los promotores a desarrollar nueva potencia o a cerrar acuerdos de compra de energía verde. El Bajo Aragón se perfila como el centro nacional del hidrógeno con cuatro iniciativas clave. Tres se concentran en la localidad de Andorra (CIP‑Enagás‑Fertiberia, Endesa y Grupo Térvalis con Iam Caecius y EDP) y otra en Caspe‑Fabara, impulsada por Alkeymia. La producción conjunta de estos proyectos podría superar las 500.000 toneladas anuales de hidrógeno.

El equipo LABTECH, de 15 años de antigüedad, revoluciona el hidrógeno verde desde Aragón. La inversión inicial ya supera los 2.877 millones de euros, con posibilidad de ampliación según avancen nuevas fases. Durante la construcción y montaje se estiman más de 4.000 empleos, mientras que la plantilla estable rondaría entre 40 y 85 personas por proyecto. De forma paralela, el MITECO ha asignado 245 millones adicionales al Proyecto Catalina y 139 millones al proyecto HyBERUS en Caspe. A esta ola se suman iniciativas como Ignis, con 51 millones para el Proyecto Moncayo, que producirá hidrógeno verde y vapor para Evonik, extendiéndose por varios municipios del Bajo Aragón.

El plan regional 2024‑2030 estima 880 MW de electrólisis en las plantas previstas, lo que representa casi un cuarto de la capacidad nacional para esa fecha. La inversión total superará los 3.000 millones de euros y generará alrededor de 1.000 empleos estables. La estrategia se apoya en la base renovable existente, con más de la mitad de la electricidad autonómica ya proveniente de eólica y solar. La reducción anual de emisiones de CO₂ supera los 18 millones de toneladas, y la incorporación de nuevos parques podría sumar cerca de dos millones adicionales. Esto permitiría recortar las emisiones de GEI hasta el 28 % respecto a 1990 para 2030.

No obstante, parte del hidrógeno producido se exportará, lo que subraya la necesidad de fomentar su uso local e integrar la cadena de valor en Aragón. La clave será asegurar que la inversión se traduzca en empleo y desarrollo industrial dentro de la comunidad autonómica, equilibrando ambición energética y sostenibilidad.

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